INDIGNACION POR LA SENTENCIA CONTRA DOS DE LOS ACUSADOS DEL CASO SARAGURO
Luisa Lozano y Amable Angamarca del pueblo Saraguro han sido sentenciados a cuatro años de prisión bajo el cargo de paralización del servicio público (carreteras) durante las manifestaciones del 17 de agosto del 2015. La pena máxima para el delito por el que están imputados prescribe tres años máximos de prisión, pero se les ha sumado un año de pena por “agravantes”.
El pueblo Saraguro protestó como lo hicieron cientos de organizaciones del país que se sumaron a la convocatoria de centrales sindicales, de organizaciones indígenas y movimientos sociales, contra las medidas económicas y criminalización implementadas por el gobierno. En particular protestó contra el cierre de sus escuelas, la prohibición de la venta de quesillo a nombre de “normas” sanitarias, y la oposición a la actividad minera.
La sanción del Tribunal de Garantías Penales no sólo es improcedente, ilegal y atentatoria a los derechos humanos. Los dos sentenciados participaron en manifestaciones como lo hicieron miles de habitantes del cantón Saraguro. Durante las jornadas de protesta el pueblo Saraguro fue reprimido con desproporción, en la que intervinieron policías y militares, de manera similar a lo que había ocurrido en Dayuma al inicio de este gobierno. Tras la represión física viene la sanción jurídica, sentenciando a algunos de los pobladores con el propósito de amedrentar a la población.
La sentencia dictada contra los dos compañeros está contaminada por interferencias políticas e ilegalidad y ha sido rechazada por juristas y defensores de derechos humanos, tanto que el mismo defensor del pueblo -acallado durante mucho tiempo- se pronuncia contra ella por ser desproporcionada.
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a pronunciarse contra esta injusticia y a exigir un juicio justo. Sabemos que sólo la solidaridad y la voz crítica de la ciudadanía impedirá este atropello. Nos sumamos a la campaña #ResistirEsMiDerecho
CEDENMA
