La fiscalización de recursos públicos como derecho ciudadano se defiende. La Comisión Nacional Anti Corrupción del Ecuador (CNACE) iniciativa ciudadana que actualmente tiene este compromiso de denunciar casos de corrupción, ha sido demandada por 4 millones de dólares por supuestas calumnias a funcionarios implicados en tres casos: la hidroeléctrica Manduriacu, las placas semielaboradas para la identificación vehicular por parte de la Agencia Nacional de Transito y el terreno donde se pretende construir la refinería del Pacifico – “Aromo”.
Presión social: fuerza para luchar contra la corrupción
Sumándonos al apoyo del trabajo que la CNACE realiza, el CEDENMA junto con el Colectivo de Abogados realizamos una petición de firmas de respaldo desde la plataforma change.org, la cual fue entregada este miércoles 30 de marzo a medios de comunicación nacionales e internacionales, en el evento de la CNACE con periodistas. La presión social es una herramienta poderosa en tiempos donde existe una “muralla inexpugnable hasta que exista un cambio político” según lo declarado en la reunión.
“Los actos de fiscalización de la gestión pública son ejercicios legítimos del derecho a la libre expresión, y es fundamental para la existencia de un Estado democrático la posibilidad de denunciar posibles actos de corrupción” señaló Dolores Mino, integrante del Observatorio de derechos y justicia [ODJ] al comentar del informe de análisis legal que realizaron sobre la situación de hostigamiento y persecución judicial a la CNACE. Este documento se hará público el próximo viernes cuando sea entregado a la Fiscalía General.
Por qué todos debemos respaldar el trabajo de la CNACE?
Los ambientalistas expresamos:
- Cuando hay corrupción hay mayor riesgo de afectación ambiental. La naturaleza cada vez será menos respetada, más esquilmada y destruida.
- Mientras más se extienda la corrupción en la sociedad más cerca estamos de los actos de violencia y vulneración de derechos. En el Ecuador se han asesinado y se persigue a dirigentes defensores de la naturaleza como son los casos del asesinato de José Tendentza y la persecución a Javier Ramírez, entre otros . Según la FIDH analizando casos en 8 países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador “la acción penal que se ejerce en contra de los activistas proviene de autoridades locales, policías y operadores de justicia que trabajan con empresas privadas y terratenientes.”
- El modelo extractivista está asociado a formas de corrupción que vincula intereses de grandes empresas y funcionarios públicos que vulneran procedimientos administrativos para favorecerlas. La corrupción corroe las instancias judiciales y en lugar de administrar justicia lo vuelven en un instrumento para amedrentar y perseguir a defensores de derechos humanos y ambientales.
- Combatir la corrupción supone combatir la impunidad y castigar a los responsables. La independencia de la justicia frente al poder fáctico es condición ineludible para que la sociedad procese los conflictos y fortalezca la democracia.
CEDENMA ha circulado un manifiesto de respaldo a la labor de la CNACE que ha sido suscrito por muchas personas de distintas ciudades del país y de otros países. Hacemos un llamado a expresar el respaldo a su valerosa e importantísima acción.
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Texto y foto: Comunicación CEDENMA