La defensa de los derechos humanos y de la naturaleza es una de las razones por las que los pueblos y nacionalidades en el Ecuador se levantaron con una serie de exigencias desde el 13 de agosto del 2015. En el marco de estos levantamientos y la marcha convocada desde la CONAIE y otras organizaciones sociales, el Colectivo de abogadas/os socioambientales apoyó la solicitud de la CONAIE en conformar una mesa jurídica amplia en la que se analice y de seguimiento a los casos puntuales derivados de la represión estatal durante la marcha y paro nacional.
Como un espacio de denuncia sobre las agresiones del Estado en contra de miembros de comunidades y personas que participaron en el paro nacional, se generó un pronunciamiento público de creación de la mesa jurídica publicado el 27 de agosto del 2015, en el cual se pone en evidencia el número de detenidos y procesados a nivel nacional y por localidades: Saraguro, Puyo, Gualaquiza, Azuay, Cotopaxi, Cañar y Loreto. En el documento se denunció la represión y la violencia con la que actuó la fuerza pública en varias ciudades, reprimiendo a los manifestantes en especial a mujeres, violando sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la resistencia, el libre tránsito, la integridad física y sicológica y la dignidad humana. Se rechazó la presencia de personas infiltradas que generaron violencia en las calles. Se responsabilizó al gobierno por la violación a los derechos de las personas que se han expresado de forma legítima en las calles.
Para poder recopilar información sobre la situación jurídica de los detenidos y procesados en el territorio nacional, se apoyó en la creación de dos misiones para visitar Saraguro y Macas, dos de los lugares con mayor número de detenidos y donde la represión y agresiones fueron significativamente más violentas. Conformamos equipos jurídico-comunicacionales, para conocer la situación de los detenidos, procesados y agredidos, recogiendo testimonios y documentando lo ocurrido.