El pasado 26 de enero de 2021, la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó apagar los mecheros de quema de gas en la explotación petrolera de la Amazonía ecuatoriana. El fallo fue dado oralmente y se espera una sentencia escrita en los próximos días.
Un grupo de 9 nueve niñas y adolescentes iniciaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua, pidiendo que cesen el uso de los mecheros puesto que estaban vulnerando sus derechos a la salud, a la soberanía alimentaria, al agua y a un ambiente sano. También indicaron que varias personas han sufrido daños a su salud: problemas respiratorios y cáncer.
La primera acción de protección presentada fue negada. En esta segunda instancia, se determina que “con la quema de gas (producto de actividad extractiva), se desconocen los derechos constitucionales de los habitantes que habitan en la zona, sus derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación que garantice su derecho a la salud y que está constitucionalmente garantizado en los artículos 14 y 32 de la constitución, se han vulnerado con la quema de gas.
Además, desatiende los compromisos internacionales firmados por el Ecuador en materia ambiental, entre los más importantes, la contribución nacional determinada entregada por el Ecuador a la secretaría de la convención marco de las Naciones Unidas contra el cambio climático, según la cual el estado ecuatoriano plantea reducir las emisiones en el sector energía en un 20,4 o 25% más bajo que el escenario actual, para lo cual, entre las alternativas propuestas está el generar energía a partir del gas asociado a la producción petrolera.”
En la sentencia oral agregaron también que “el Estado Ecuatoriano ha desconocido el derecho que les asiste a las accionantes a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desatendiendo con la actividad contaminante su derecho a la salud, al no proveer o promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías no contaminantes y de alto impacto”.
Un triunfo más para los derechos de la naturaleza como debe ser, cumplir con lo que dispone la Constitución Ecuatoriana.