CAMINANTES es una articulación nacional de territorios directamente afectados por el festín minero, comunidades campesinas indígenas, mestizas y afros y el acompañamiento de colectivos, organizaciones y fundaciones que defendemos derechos humanos, territoriales y de la naturaleza. En los últimos meses hemos demandado la necesidad de auditar y detener la nefasta política minera que a enero de 2018 amenazó a más del 15% del territorio nacional.
El 28 de febrero de 2018, el Presidente Lenín Moreno anunció, durante el lanzamiento de la iniciativa Reverdecer Ecuador en Morona Santiago, la anulación de 2000 concesiones mineras. Una rápida mirada al Catastro Minero publicado por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), evidencia que la mayoría de concesiones anuladas son aquellas que estaban en trámite de ser otorgadas, sin embargo, desconocemos la expedición concreta de actos administrativos o normativos que verifiquen dicha anulación.
Quienes suscribimos este comunicado reconocemos que se hayan anulado dichas concesiones porque acoge una de nuestras exigencias realizadas por el Presidente de ECUARUNARI el 11 de diciembre de 2017 en el Palacio de Carondelet: el archivo de concesiones en trámite. Sin embargo, rechazamos porque el proceso de diálogo que ha iniciado el gobierno nacional no ha acogido la totalidad de demandas que se realizan desde los territorios directamente afectados por concesiones ya inscritas y por proyectos mineros avanzados. Demandas que en distintas ocasiones han sido presentadas al Ejecutivo y a otras instancias de control, por ejemplo, la carta enviada a usted señor Presidente de la República el 25 de enero de 2018 y sin respuesta hasta la actualidad.
Denunciamos que, al 2 de enero de 2018, las concesiones inscritas y otorgadas acumulaban ya 1’789.406 hectáreas amenazando el 7,2% del territorio nacional y que, a marzo de 20018, a la par de la anulación de 2000 concesiones mineras, unas 95.000 nuevas hectáreas del territorio nacional fueron otorgadas e inscritas y otras más aún siguen en trámite. Es decir, casi 2 millones de hectáreas del país han sido concesionadas. Frente a esto, exigimos:
- Este desproporcionado aumento estuvo a cargo del ex ministro Javier Córdova y su gabinete, premiado por foros internacionales de empresas mineras. Denunciamos que su gabinete hasta la fecha no ha presentado su renuncia y continúa desobedeciendo su orden de suspender la entrega de concesiones mineras. Todo lo contrario, vuelve a asistir junto con empresas mineras transnacionales beneficiarias del festín minero, a la Convención Internacional sobre Minería (PDAC 2018) en Toronto.
- Estas concesiones mineras inscritas son acaparadas por pocas empresas mineras transnacionales. Tal es el caso de la australiana SolGold PLC que, a través de cinco empresas subsidiarias en Ecuador (Valle Rico, Green Rock Resources, Exploraciones Novomining ENSA, Cruz del Sol y Carnegie Ridge Resources), acumula 77 concesiones en todo el país equivalentes a 324.800 hectáreas.[1]
- Las aproximadamente 170.000 hectáreas inscritas entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, favorecen a empresas australianas, canadienses, chilenas y chinas, entre ellas Valle Rico que ahora tiene concesiones en el noroccidente de Pichincha amenazando al proceso de reconocimiento de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha, en análisis por parte de UNESCO.
- Los bosques y páramos dentro de las concesiones otorgadas y/o inscritas que no han sido anuladas, actualmente protegen miles de sub-cuencas y microcuencas de los Andes, de las cuales millones de ecuatorianas y ecuatorianos, en el campo y la ciudad, obtienen su agua para consumo humano. Estas aguas riegan los campos que produce los alimentos para todo el país, y dan vida al turismo de naturaleza y otras actividades productivas sustentables.
- Estas concesiones inscritas siguen amenazando bosques protectores de todo el país, entre ellos, Cerro Golondrinas, Los Cedros, Cebu, Mindo Nambillo, Maquipucuna, Toachi Pilatón, Molleturo Mollepungo, Kutuku y Shaimi, entre varios otros.
- Lamentamos que el anuncio del archivo de concesiones ante las organizaciones CONAIE y CONFENIAE realizado en la Amazonia siga sin afectar a las concesiones en trámite dentro del territorio de la nacionalidad indígena Awá (provincias de Esmeraldas y Carchi); tampoco ha afectado al absurdo acaparamiento de la empresa Ecuasolidus S.A. (43 concesiones – 209.264 hectáreas) en los territorios ancestrales Shuar de la cordillera del Kutukú. Tampoco afecta a los territorios indígenas Shuar y de otras comunidades de la Cordillera del Cóndor a consecuencia de los proyectos Mirador, Panantza San Carlos y Fruta del Norte.
- El resto de proyectos mineros más avanzados Llurimagua, Río Blanco, Loma Larga y Cascabel siguen sin ser auditados por el ejecutivo y las violaciones a derechos humanos y de la naturaleza ya provocadas siguen si reparación. La Cordillera del Toisán y el páramo del Cajas corren el riesgo de ser destruidos para siempre.
- Ni siquiera las concesiones mineras inscritas que afectan a Áreas Protegidas, entre ellas las que afectan al Área Kimsakocha, han sido anuladas en cumplimiento del mandato popular.
- Además, el Festín Minero no se detendrá si el Estado Ecuatoriano sigue manteniendo un marco jurídico favorable para la minería y las empresas (flexibilidades tributarias, administrativas y de gestión ambiental) y normas que atentan directamente contra nuestros derechos humanos y de la naturaleza, para criminalizarnos y despojarnos de nuestras tierras.
- La Asamblea Nacional hasta ahora no ha aprobado leyes orgánicas de consulta previa, libre e informada ni de consulta ambiental, derechos humanos a la participación reconocidos y violentados por la política minera.
Señor Presidente, insistimos en que la política minera de los últimos diez años amenaza a las tierras y territorios, fuentes de agua, ecosistemas y a la vida digna de miles de comunidades rurales de campesinos indígenas, mestizos y afros del Ecuador. Lamentamos que sus decisiones sigan sin resolver el gravísimo festín minero provocado a partir de la aprobación de la Ley de Minería en 2009.
Exigimos que se realice una auditoría integral a la política minera irregular de entrega de concesiones que ni siquiera ha garantizado los derechos a la consulta ambiental ni la consulta previa, libre e informada. Política minera aupada por empresas transnacionales y en el que funcionarios del Ministerio de Minería y de la ARCOM se han vuelto sus voceros y representantes en contra de los derechos de la población ecuatoriana.
Más información: Luisana Aguilar | luisana.aguilar@cedhu.org | +593999240129
[1] http://www.solgold.com.au/ecuador-1
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Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) | Comunidad Indígena Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor | Asociación Shuar Bomboiza | Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) | Comité en Defensa de la Vida y los Derechos de la Naturaleza (parroquias Palo Quemado y las Pampas – Cotopaxi) | Parroquias Chical y Maldonado (Carchi) | Coordinadora Cantonal por la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza (Cantón Pallatanga – Chimborazo) | Mancomunidad de la Bioregión del Chocó Andino (Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Mindo) | Frente Provincial por la Defensa de la Pachamama y la Vida (Bolívar) | Federación de Centros Awá del Ecuador y la Gran Familia Awá Binacional | Red de Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte (REDCONE-Esmeraldas) | Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) | Frente de Defensa del Noroccidente de Pichincha | Asamblea de los Pueblos del Sur (APS) | Observatorio Minero Social y Ambiental del Ecuador (OMASNE) | Yasunidos Guapondélig | Minka Urbana | Colectivo de Geografía Crítica Ecuador | Fundación Cambugán | Grupo Kanaka | Acción Ecológica | Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) | Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza (CEDENMA) | Pocho Álvarez | Fred Larreátegui