El páramo de Kimsakocha fue el lugar de encuentro de comunidades campesinas e indígenas de todo el territorio nacional, quienes el jueves 15 de febrero del 2017 recibieron la primera visita del Contralor General del Estado y su equipo técnico y jurídico en el marco de las auditorías integrales a los siete proyectos mineros. En los páramos de propiedad ancestral de las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui junto a una de las nacientes de agua, el Contralor escuchó las exigencias del colectivo nacional que defiende la vida y el agua de realizar informes integrales a los proyectos y concesiones mineras que afectan territorios y comunidades a nivel nacional. Se comprometió a visitar siete de los proyectos mineros más grandes del país, y realizar informes que den cuenta de las irregularidades en los contratos y licencias ambientales, así como los conflictos y violaciones de derechos humanos y de la naturaleza generados por las actividades mineras.
Desde hace varios años, organizaciones de base campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil han defendido sus tierras comunales de propiedad ancestral y exigido a las autoridades estatales y empresas mineras salir de sus tierras. Desde el 2015 el gobierno nacional ha entregado decenas de concesiones de manera ilegal y sin consulta previa a los habitantes de los territorios. Esto gracias a que los procesos administrativos de entrega de concesiones y licenciamiento ambiental no han cumplido con la normativa nacional e internacional, y no se han realizado las consultas previas, libres e informadas de acuerdo con lo dispuesto mediante Sentencia de constitucionalidad condicionada por la Corte Constitucional del 18 de marzo del 2010 (Registro Oficial No. 001-10-SIN-CC del 21 de abril del 2010).
Actualmente, el 15,7% del territorio nacional que representa alrededor de 3,9 millones de hectáreas se encuentra afectado por concesiones mineras otorgadas principalmente a empresas de origen chino, canadiense, chilena y australiana, algunas de ellas con capitales en paraísos fiscales. Según el catastro minero publicado por la ARCOM para el 2 de enero del 2018, un total de 2’109.604 hectáreas están en trámite de ser concesionadas lo que representa el 8,5% del territorio nacional y un total de1’789.406 hectáreas fueron otorgadas e inscritas, lo cual representa el 7,2% del territorio nacional.
Según datos del catastro minero de antes de abril del 2016, el 3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras. Un año despúes, a enero del 2017, casi se cuadruplica el porcentaje 11% y para enero del 2018 màs del 15% del territorio nacional se encuentra concesionado. Lo cual da cuenta de la orientación de la política pública extractiva por parte del gobierno, y la creciente entrega de concesiones mineras que configuran el festín minero en el Ecuador.
El 11 de diciembre del 2017, el Presidente Lenin Moreno, dispuso al Ministerio de Minería parar la entrega de concesiones y realizar autorías a los proyectos vigentes. La respuesta del ministerio fue contraria a estas disposiciones pues más de 69.000 hectáreas fueron entregadas luego del 11 de diciembre. Frente a esta clara arbitrariedad del Ministerio del ramo, las organizaciones de base de los territorios afectados exigieron respetar la palabra del presidente Moreno y exigieron parar la entrega de concesiones
Las organizaciones campesinas e indígenas que viven en los territorios afectados por las actividades mineras: Río Blanco, El Girón, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Intag, Cascavel, territorio de las comunidades Awa del norte del Ecuador, territorios de noroccidente de Quito; junto con organizaciones de la sociedad civil: DECOIN, OMASNE, Acción Ecológia, CEDHU, CEDENMA, Yasunidos Guapondileg, Colectivo anti minero de Mindo, Fundación Aldea y la ECUARUNARI, lograron una articulación nacional en defensa del territorio frente a las actividades extractivas mineras, para exigir a las autoridades estatales el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza que son conculcados sistemáticamente por el festín minero que amenaza la vida y supervivencia de los seres humanos y especies, y genera violencia, corrupción y despojo.
Más de 700 personas, delegadas de territorios afectados y organizaciones sociales acompañaron al Contralor General del Estado en su visita a Kimsacoha, quienes recorrieron el pàramo y constataron la afectación a las nacientes de agua que supone el proyecto minero Kimsacocha / Loma Larga.
Las nacientes de río de las vertientes hídricas de la Sierra Central y de la Amazonía y varias fuentes de agua subterránea necesarias para el cultivo, cientos de especies de animales en peligro de extinción y el uso humano del agua son afectadas y contaminadas por la actividad minera.
En el caso del páramo, las especies de animales y plantas del páramo están en constante riesgo de desaparición, las personas que dependen del agua del páramo son afectadas por el consumo de agua contaminada, mientras las empresas mineras concesionarias lucran de la destrucción de los ecosistemas.
Pablo Celi, Contralor General de la Nación, fue partícipe de una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Pachamama por el regalo de la vida, y escuchó testimonios de campesinos e indígenas que viajaron hasta el páramo de Kimsacoha para expresar su rechazo a los proyectos mineros y exigir se realicen auditorías integrales y exámenes especiales.
El 25 de enero del 2018, las comunidades y organizaciones de base, entregaron al Contralor en persona expedientes con información completa sobre los siete proyectos mineros más grandes del Ecuador. Cinco megaproyectos mineros, denominados proyectos estrellas por el gobierno de Coorea: LOMA LARGA/Kimsacocha en la provincia del Azuay, FRUTA DEL NORTE y MIRADOR ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe, SAN CARLOS PANANTZA ubicado en Morona Santiago, RÍO BLANCO ubicado en la provincia de Azuay, y los proyectos CASCABEL Y LLURIMAGUA en Imbabura. El Contralor, se comprometió a visitar cada uno de los proyectos mencionados y el de 15 de febrero anunció que el próximo proyecto que visitará en será MIRADOR.
En Kimsacocha Carlos Pérez presentó a los delegados de la Comisión Veedora Popular: Esperanza Martínez y Pablo Duque, que fue designada en días pasados por las organizaciones sociales que son parte de la articulación nacional en defensa del territorio, para analizar el proceso de entrega de concesiones/licenciamiento ambiental en cada una de las fases y estar vigilantes al proceso de auditoría que lleva la Contraloría. La Comisión Veedora Popular, conformada por Elsie Monge, Elvia Dahua, Esperanza Martínez, Pablo Duque, Fred Larreátegui y Wiliam Sacher entregará al Contralor en los próximos días un informe de la visita.
Las comunidades de base campesinas e indígenas y las organizaciones sociales estaremos atentos y vigilantes de los actos del poder público y seguiremos exigiendo al gobierno cumplir con lo dispuesto por el presidente Moreno de no entregar más concesiones hasta realizar una auditoría integral a los proyectos mineros estratégicos y a las concesiones inscritas y en trámite. Recordamos que la Contraloría General del Estado ofreció entregar el informe final de la auditoría y las pre-determinaciones de responsabilidad del Proyecto Mirador y Fruta del Norte, antes de que venza el plazo legal para hacerlo.
Suscriben,
Acción Ecológica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Defensa y Conservación Ecológica de Intag
Pocho Álvarez
Yasunidos – Guapondileg
CEDENMA