La Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA, considerando la situación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) manifiesta ante la opinión publica:
Pese a que en el año 2018 el pueblo ecuatoriano aprueba con un 67,31% la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) mediante consulta popular, este mandato no se ha cumplido y en consecuencia se ha irrespetado la voluntad popular. Por el contrario, durante 2019, el actual gobierno expide el Decreto 751 que posibilita construcción de infraestructura petrolera dentro de la Área de Amortiguamiento de la ZITT y a partir de enero de 2020, se ha desmantelado el Sistema Integral de Monitoreo, despidiendo a casi todos los funcionarios de esa dirección que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la estación de monitoreo responsable de esta tarea en territorio.
Pese a que desde 1999 el Ecuador ha implementado medidas para la protección de estos pueblos con el establecimiento ZITT éstas han demostrado ser ineficientes. Por ello, en el año 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Ecuador adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los miembros de los pueblos Tagaeri-Taromenane. En el 2007 se establece la Zona de Amortiguamiento de la ZITT y se crea una política nacional para la protección de los Pueblos Indígenas Aislados.
En el año 2008 se da un paso importantísimo para su protección a través de la creación de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane en la provincia de Orellana y la Constitución de Montecristi reconoce su existencia como prioritaria. (art 57, inciso 2do).
En 2013 se instaura un sistema de monitoreo integral, una política regional de protección a los PIAV y se crea la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (DPPIAV) dentro de la estructura de la Subsecretaría de Derechos Humanos del MJDHC, sin embargo, contradictoriamente, el mismo año, la Asamblea Nacional autoriza la explotación de los bloques petroleros 31 y 43.
El desamantelamiento de esta Dirección constituye una clara violación a los derechos de estos pueblos; demuestra el desconocimiento de su situación de vulnerabilidad y de los conflictos que puedan generarse con las comunidades aledañas y/o interesados en los recursos de esas áreas, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado reciente. Además, es una violación de la Constitución, de la política nacional, de la Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y de las medidas cautelares interpuestas por la CIDH.
Exigimos al gobierno nacional re-instituir y fortalecer esta instancia gubernamental, en particular el Sistema Integral de Monitoreo en territorio e informar periódicamente al pueblo ecuatoriano la situación de los PIAS, a fin de garantizar el respeto de sus derechos y de su vida tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador.
El CEDENMA estará alerta ante las acciones que el gobierno lleve adelante.
26 de febrero de 2020