Nosotros, los abajo firmantes suscribimos la presente carta en rechazo a las amenazas proferidas por el Vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, y de los procesamientos judiciales en contra de los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, CNAE, tras emitir un informe con el cual se evidencian irregularidades en el proceso de contratación de la central hidroeléctrica Manduriacu.
En repetidas ocasiones, el Vicepresidente Glas ha sostenido, con respecto al informe que “(…) esto va a terminar en la Fiscalía por injurias, por daños y perjuicios”. Además, ha descalificado a los miembros de la CNAE alegando que representan a “los opositores de siempre”, por sus actos de defensa a varias personas y grupos sociales en asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Estas amenazas han venido realizándose desde que en septiembre de 2015 la Comisión anunció que presentarían una denuncia formal en la Fiscalía, amparándose en los resultados del antes mencionado informe. En particular, indicaron que era necesario que las autoridades establezcan “claramente quiénes son las personas e instituciones responsables, desde la etapa precontractual de Manduriacu, contratación de la obra, fiscalización y revisión final”, que permitió incrementar el costo del proyecto hasta el 82% del valor contratado. Ante ello, otros funcionarios, como el Ministro de Electricidad, también han hecho amenazas del mismo estilo, en un intento de impedir que se investiguen estos hechos.
Creemos que las amenazas, actos de hostigamiento, descalificación y procesamientos judiciales contra los miembros de la CNAE por sus gestiones de investigación y denuncia de posibles actos de corrupción en el gobierno, constituyen violaciones flagrantes al derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 66.7 de la Constitución, 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este sentido, le recordamos al gobierno que las expresiones y opiniones que versen sobre asuntos de interés público constituyen un discurso especialmente protegido a la luz de esos instrumentos internacionales. La facultad ciudadana de fiscalizar los actos del poder público -incluidos aquellos acerca del manejo y destino de fondos públicos- no pueden ser objeto de retaliaciones ni sanciones de ningún tipo, pues la ciudadanía, como mandante, tiene el derecho y la obligación de controlar y pedir cuentas a los funcionarios estatales de sus gestiones. Esto constituye un elemento fundamental para la existencia misma y fortalecimiento de un Estado democrático.
Recordamos también, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha indicado en varias oportunidades, que la sola amenaza de iniciar procesos penales por la denuncia de posibles actos de corrupción, constituye en sí misma una violación al derecho a la libre expresión, por el efecto inhibidor que puede causar en la sociedad. Ello, pues no solo amedranta y silencia a quienes las sufren, sino a todo aquel que quisiera hacer denuncias similares. En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de manera constante, que la utilización de la vía penal para castigar la manifestación de expresiones que versan sobre asuntos de interés público es desproporcionada y no persigue fines legítimos dentro de una sociedad democrática, y por tanto es violatoria del derecho a la libre expresión.
En virtud de lo anterior, denunciamos públicamente que los actos de amenaza, descalificación y procesamientos judiciales que varios funcionarios del Ejecutivo han proferido contra los miembros de la CNAE, a raíz de la emisión del Informe en el caso de la Central Manduriacu, son inconstitucionales y merman el derecho ciudadano de recibir información y debatir sobre estos asuntos. Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a los señores Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Jorge Rodríguez, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas Chaves, Byron Celi, y el padre Fernando Vega miembros integrantes de la CNAE, quienes cumplieron con su derecho fundamental y deber ciudadano de investigar, denunciar y fiscalizar tales hechos. Exigimos, de igual manera, que las autoridades investiguen en tiempo razonable, los hechos alegados en el informe, y, de ser el caso, se sancione a los responsables de las irregularidades que constan en el mismo.
Afirmamos que formas autoritarias de ejercicio del poder resquebrajan la institucionalidad y abren campo a la corrupción.
Suscriben la presente,
CEDHU, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEDENMA, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente
CEA, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología
YASunidos
Elsie Monge William Sacher
María Dolores Miño Esperanza Martínez
Ramiro Avila Santamaría Gina Benavides Llerena
Juan Pablo Albán Alberto Acosta
Francisco Hurtado Jorge Acero
Silvana Sánchez Pinto Susy Garbay Mancheno
Edwar Vargas Araujo Claudia Storini
Daniela Salazar Farith Simon
José Rivadeneira Fred Larreategui Fabara
David Cordero Heredia Lina Maria Espinosa
Valeria Noboa Carlos Carrión Páez
Arturo Moscoso Pablo Piedra Vivar
Patricia Carrión Wilson Suarez
Pablo Ramírez Vélez
[quote]Y los que firman AQUÍ[/quote]