Ante la Convención minera de la Asociación de Prospección y Exploración de Canadá a realizarse del 5 a 8 de marzo del 2017 en Toronto, Canadá
las organizaciones y gobiernos locales abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
El gobierno ecuatoriano a escasos 3 meses de terminar su mandato, de manera ilegítima acelera una política extractivista con la apertura del catastro minero en el territorio nacional; la firma de figuras administrativas para facilitar la entrada de la megaminería en el país; pasar de las fases de exploración a la de explotación, entre otros actos irresponsables e ilegales como señala, Contraloría General del Estado ecuatoriano en sus informes del 2013 como del 2016.
La presencia del Ministro Javier Córdova en la feria minera de Toronto Canadá, solo acentúa el rechazo que hay en las comunidades a los proyectos mineros por la violación a los derechos humanos y de la naturaleza que esta actividad conlleva.
El territorio del pueblo indígena Shuar aún está convulsionado por el reciente desplazamiento forzado de las comunidades que han sido transformados en campamentos para los proyectos mineros Panantza San Carlos y Mirador.
El gobierno declaró el “estado de excepción” en la zona, restringuiendo los derechos a la “libertad de expresión y opinión, la asociación y reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio…”. Se puso en prisión al Presidente de la Federación Interprovincial del centros Shuar; y se han hecho acusaciones por delitos de asesinato y de ataque o resistencia a 84 personas.
Resulta inadmisible que en este estado de convulsión aun latente en el Ecuador, y del rechazo expresado el 6 de febrero 2017 por las comunidades afectadas por proyectos minero en el país, frente a las embajadas de Chile, Canadá y China (países de origen de las empresas mineras), ahora se promueva una feria minera.
Con los precios de los minerales a la baja, el fomento de la minería en el Ecuador significa flexibilizar leyes en desmedro social, ambiental y económico del país. La Ley Minera del 2009 y las consiguientes reformas, violan derechos constitucionales, desconoce la función de los gobiernos autónomos descentralizados, subsidia las actividades mineras mediante la exoneración de impuestos y otras obligaciones, que deben cumplir todas las actividades económicas en el país.
Muchos líderes comunitarios han sido víctimas de diversas formas de violencia, pero hay impunidad a los autores intelectuales y materiales de tales actos. La protesta de las comunidades a las actividades mineras (que ha violado sus derechos y destruido la naturaleza), ha sido criminalizada.
A las empresas mineras les advertimos que al adquirir los proyectos mineros están también adquiriendo los conflictos sociales y ambientales descritos, así como las siguiente irregularidades:
– Entrega de concesiones mineras que fueron declaradas inexistentes a través de un Mandato Minero de 2008.
– Violación del derecho a la consulta previa libre e informada.
– Violación a las normas constitucionales que establecen la supremacía de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, por sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (Art. 424, 425 y 426).
– El desconocimiento de disposiciones constitucionales, que respaldan un país libre de minería como las siguiente:
Los derechos de la naturaleza (Art. 72)
El buen vivir como el camino al desarrollo (Art. 275)
La soberanía alimentaria (Art. 281)
El derecho humano al agua (Art. 12)
La prelación del agua a favor de la soberanía alimentaria (Art. 318)
La prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas (Art. 407)
El principio pro homine: “en caso de duda, las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos” (Art. 427).
El in dubio pro natura: “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza” (Art. 395, lit. 4)
A esto se suman las siguientes iniciativas e instrumentos legales aprobados por comunidades y gobiernos locales para salvaguardar los territorios de la minería:
– Municipio de Cotacachi: Declarado Cantón Ecológico (Ordenanza)
– Comunidad de Intag: Declaratoria de oposición a la minería en el Cantón Cotacachi y particularmente del proyecto minero Llurimagua (Cumbre de la Asamblea de Unidad Cantonal)
– Noroccidente de Quito: Petición de extinción de concesiones mineras (Mancomunidad del Chocó Andino conformada por 6 parroquias rurales)
– Municipio de Cuenca: Resolución Municipal que declara al Cantón Cuenca libre de minería metálica.
Las concesiones mineras en el Ecuador están en áreas protegidas, nacimientos y fuentes de agua, bosques protectores, páramos, territorios indígenas, afro-ecuatorianos, zonas pobladas o áreas de producción campesina.
Alertamos a los participantes de esta feria sobre los crecientes conflictos que la minería genera en los territorios, los que se incrementarían con una mayor promoción de las actividades mineras en el país.
Firmamos:
Acción Ecológica
Alcalde del Municipio de Cotacachi
Amazon Watch
Asociación Shuar de Bomboiza
Centro Shuar Churuwia
Centro Shuar San Carlos de Numpaim
Comité Ecuatoriano Para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente
Comunidad Indígena Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador
Confederación Interprovincial de Kichwas de Saraguro
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Defensa y Conservación Ecológica de Intag
Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Tundayme
ECUARUNARI
Mancomunidad del Chocó Andino conformada por las parroquias de: Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Nono, Gualea, Pacto
Movimiento por la Salud de los Pueblos
Nacionalidad Achuar del Ecuador
Prefecto de Zamora Chinchipe
Red Agroecológica de Loja
Yasunidos de Guapondelig
Yasunidos Quito.